En el último programa de Elche proyecto ciudad, en colaboración con EsRadio Elche, se trató un asunto que afecta de manera directa a los ciudadanos y que ha comenzado a generar inquietud en numerosos municipios: la nueva tasa de basuras. Un cambio que no se limita a una modificación administrativa, sino que introduce una reflexión obligada sobre el coste real de los servicios públicos, la gestión municipal y la responsabilidad individual en la generación de residuos.
A través de la intervención de Pascual Quiles, tesorero del Instituto ICIE, se ofreció un análisis detallado sobre el origen de esta tasa, sus objetivos, las dificultades asociadas a su implantación y el impacto económico que tendrá en los hogares. Un análisis que busca aportar claridad en un contexto marcado por la confusión y por una sensación generalizada de falta de transparencia.
Una premisa innegociable: los residuos generan costes
El programa comenzó recordando algo esencial: todas las actividades humanas generan residuos, y su gestión tiene un coste. La producción industrial, el consumo doméstico y cualquier actividad cotidiana producen desechos que deben ser recogidos y tratados de manera adecuada.
Ese proceso requiere materiales, personal, transporte, instalaciones y una estructura administrativa que permita su funcionamiento. Y, por tanto, supone un gasto que alguien debe asumir.
De este planteamiento surge una idea central: ningún servicio público es gratuito, aunque su acceso no esté condicionado a un pago directo. La sanidad, la educación o la limpieza urbana se financian con el dinero aportado por lo ciudadanos a través de impuestos y tasa. Su gratuidad es solo aparente.
A partir de aquí. Se hizo hincapié en un punto fundamental: el dinero público pertenece a los contribuyentes, no a la Administración. La administración gestiona, pero no es propietaria. Por ello, cuando se introduce una nueva tasa, es legitimo exigir información clara, completa y comprensible.
¿Por qué aparece ahora esta nueva tasa municipal?
Durante el programa se explicó que la nueva tasa de basuras surge como consecuencia de la obligación de adaptar las ordenanzas municipales a un modelo de financiación en el que el coste de la recogida y tratamiento de residuos se debe mostrar de forma diferenciada.
Hasta ahora, en muchos municipios ese coste aparecía integrado en otros recibos, como el del agua o el alcantarillado. Este método ocultaba la magnitud del gasto real e impedía conocer de manera precisa cuánto costaba realmente gestionar los residuos urbanos.
Con la nueva normativa, los ayuntamientos están obligados a crear una tasa específica, separada de otros conceptos. En nuestro municipio, ya en 2024 se procedió a modificar la ordenanza fiscal de residuos con el fin de aplicar este sistema de cobro independiente.
Sin embargo, esta adaptación no ha venido acompañada de un sistema técnico unificado ni de estudios detallados que sostengan con precisión los importes que ahora se trasladan al ciudadano. De ellos surge buena parte de la controversia actual.
El objetivo declarado de la nueva tasa de basuras
Según explicó Pascual Quiles, el objetivo de la nueva tasa de basuras es financiar los costes reales, tanto directos como indirectos, derivados de la recogida y el tratamiento de los residuos. Esto incluye infraestructuras, vehículos, personal, gestión administrativa y mantenimiento de los sistemas municipales.
No obstante, una de las críticas expuestas en el programa fue la ausencia de estudios minuciosos que cuantifiquen de manera exacta el coste real del servicio en cada municipio. Existen estimaciones generales, pero no análisis detallados que permitan diseñar un sistema proporcional y ajustado a la realidad local.
Esta falta de rigor técnico implica que el cálculo final quede en manos de criterios municipales que no siempre reflejan la verdadera generación de residuos.
¿Quién debe pagar la tasa?
La respuesta es directa: los ciudadanos.
La normativa obliga a los ayuntamientos a implantar la tasa y permite, dentro de ciertos márgenes, establecer bonificaciones o exenciones para determinados colectivos. Pero el coste debe ser asumido por quienes generan residuos, es decir, la totalidad de los hogares y actividades que producen desechos urbanos.
¿Qué cantidad debe cubrir esta tasa?
Aquí es donde surgen las primeras grandes dudas. La tasa debe cubrir la totalidad del coste del servicio, pero la forma de calcularla depende de cada ayuntamiento. Entre los criterios utilizados se encuentran:
- Tipo de calle o zona
- Consumo de agua
- Valor catastral
- Características del inmueble
- Estimaciones internas del servicio
Estos criterios generan diferencias significativas entre municipios e incluso entre barrios de una misma ciudad. Según lo expuesto, se estima una subida media cercana al 30%, con incrementos que pueden situarse entre 70 y 80 euros, llegando en algunos casos hasta 140 euros en ciudades grandes.
Lo relevante no son las cifras concretas, sino la falta de uniformidad y la percepción de que la tasa no siempre se ajusta a la realidad de cada contribuyente.
Malestar ciudadano y recursos legales
La implantación de la nueva tasa de basuras ha provocado malestar en numerosos municipios. Las quejas se concentran en dos aspectos principales:
- La falta de transparencia: muchos ciudadanos desconocen qué parte del servicio están pagando y cómo se ha calculado la cantidad.
- El importe final: en algunos casos, el incremento económico es notable y se percibe como desproporcionado.
Esta situación ha derivado en protestas y en la presentación de recursos administrativos. El análisis recordó que el plazo para recurrir suele ser de un mes desde la notificación, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos inicien procedimientos para impugnar la tasa.
La dificultad técnica: medir cuántos residuos genera cada persona
Uno de los puntos más críticos tratados en el programa es la imposibilidad actual de medir de manera precisa la cantidad de residuos que genera cada individuo. Cada persona consume de manera diferente, recicla de manera distinta y genera residuos en proporcionen que no siempre son comparables.
Por ello, resulta muy difícil aplicar de forma real el principio de “quien contamina paga”. Sin un sistema que mida la generación individual de residuos, los ayuntamientos recurren a criterios indirectos que no guardan relación con la producción real de basura, como el valor catastral o el consumo de agua.
Esto provoca que la tasa nazca, en parte, condicionada por criterios que no reflejan necesariamente la realidad del comportamiento individual.
Una contradicción política añadida
El programa también señalado un aspecto llamativo: incluso dentro del propio Gobierno existen formaciones que han recurrido la implantación de esta tasa en municipios donde forman parte del equipo de gobierno. Una situación que evidencia la falta de consenso y la complejidad real de su aplicación.
Conclusión: una medida necesaria sin el respaldo técnico adecuado
La nueva tasa de basuras pretende financiar un servicio esencial y garantizar la sostenibilidad económica de su gestión. Sin embargo, su implantación presenta deficiencias importantes: falta de estudios rigurosos, criterios de cálculo que no reflejan la generación real de residuos, escasa transparencia y desigualdades entre contribuyentes.
Sin una revisión profunda y sin una mayor claridad informativa, la tasa corre el riesgo de convertirse en una carga desigual y en una fuente continua de conflicto social y administrativo.